Pablo Jair Ortega - pablo.jair.ortega@gmail.com.- No habrá sorpresa alguna con la ley de transparencia veracruzana: se está cocinando de acuerdo con los intereses de la clase política en el poder, y con la atención de la sociedad desviada en temas como las elecciones locales de este 2007.
Las expectativas son grandes para quienes deseamos conocer lo que se maneja todavía en estos tiempos como “información confidencial o reservada”, han sido innumerables las veces en que los políticos se han “manifestado” y “pugnado” por una ley que obligue a transparentar las finanzas públicas, pero que a fin de cuentas estará condicionada a los intereses de los grupúsculos cómplices del poder.
Desde inicios del sexenio la mencionada Ley de Transparencia con todo y su Instituto Veracruzano de Acceso a la Información se ha traspapelado en la agenda, lo que hace suponer que están diseñando lineamientos que no afecten al actual régimen ni permitan a la población indagar y afectar fuertes intereses.No por nada el reconocido abogado coatepecano Dionisio Pérez-Jácome y los diputados locales han estado en lo que se antoja un litigio simulado de “que sí y no, que le cambiamos esto y le quitamos acá y le agregamos esto”, a manera de ganar tiempo suficiente para que la ley no se aplique en la administración actual, si pensamos en la no retroactividad.
Es difícil romper la tradición de las clases políticas que regularmente se han extendido en el gobierno. Estamos seguros de que no sabremos a ciencia cierta el tamaño de lo que protegen los políticos en el poder: los intereses, los negocios y las millonarias cantidades de dinero; tampoco los apellidos que estén involucrados en cuanto negocio al amparo del gobierno puedan realizar.
Los políticos veracruzanos no quieren ni imaginarse lo que se puede dar a conocer como información pública: la Ley de Transparencia promulgada por el presidente Fox fue la misma que a fin de cuentas desnudó sus excesos y secretos como mandatario. Por ejemplo, gracias a la Ley de Acceso a la Información se reveló el Prozac que tomaba el Presidente, o los lujos que se daba la Primera Dama, los viajes de la pareja presidencial y sus gastos onerosos.
Imagine lo que sucedería si se investigara a las compañías contratistas de obras públicas y a los proveedores del gobierno estatal; que se desmenuzaran los gastos de diversas oficinas y el tamaño del personal que sobra en las dependencias pero que generalmente pasa los días de quincena a cobrar puntualmente. Diversas ocurrencias ciudadanas que pueden incomodar a muchos, obviamente sin dejar de destacar la labor del consejo que encabeza el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que garantiza respuestas a los solicitantes.
Si bien se avanzó enormemente en materia de transparencia de recursos públicos en el sexenio de Fox, lo que quedó a medias fueron las penalizaciones en contra de responsables de actos de corrupción y atentados contra el erario público. Sólo habremos de recordar que Carlos Rojas Magñon, entonces encargado de las adquisiciones de Los Pinos, en su momento nunca fue sancionado como responsable de aquellas toallas de 4 mil pesos que había adquirido la Presidencia de la República; a Rojas solamente le dieron una discreta despedida en medio de la celebración de que esa información en otros sexenios no se habría sabido.
Y es verdad: si de algo se cansó la población de los otrora gobiernos priístas, fue de la manera poco escrupulosa y sumamente reservada del uso de los recursos públicos por parte de la élite del poder (no hay que olvidar que los mandatarios en turno tenían hasta su partida secreta).
Pero en Veracruz ni hay instituto ni hay ley ni hay nada. Menos tendremos que pensar en miembros de un consejo ciudadano honesto ni en sanciones en caso de merecerse alguna: la innovación en Veracruz ahora es repartir los puestos entre los partidos políticos y nada más, así que no esperemos mucho un consejo ciudadano apartidista.
En el panorama no hay que perder de vista una continuidad de las prácticas de antaño en el poder: el ejecutivo como el supremo gobernante que ordena y dispone; pero con el derrocamiento del “jefe máximo político” (el presidente de la república) entonces comienza a haber una ligera transformación de gobernar por parte de los gobiernos estatales y sus respectivas dependencias, máxime cuando a la par del derrocamiento del PRI se sumó el gran avance de la oposición encabezado principalmente por el PAN. Estos hechos históricos obligaron a cambiar en cierta manera la forma de gobernar en Veracruz: ahora es tiempo de compartir el poder, y no por nada se ven poco a poco las imposiciones en dependencias de gente más apegada a la militancia partidista que al servicio público.
Estos arreglos en las cúpulas precisamente han seguido manteniendo a la vividora clase política dentro de sus terrenos de canonjías y libertades para acaparar la función pública, lo que a leguas se ve como un gobierno arcaico, actualizado quizás por el gran descontento general que se manifiesta en contra del partido oficial en las urnas electorales, pero dispuesto a seguir siendo el eterno “sistema”: esa amalgama de burócratas y políticos.
Aun así, existen algunas voces que proclaman la necesidad de una ley de transparencia que precisamente transparente el uso de los recursos públicos por parte de los gobernantes; algo que vaya a la par de lo implementado por el gobierno federal para conocer, por lo menos, parte de la información supuestamente reservada, y que permita una mayor vigilancia de los ciudadanos de los funcionarios públicos.
Lo lamentable del asunto es que, a pesar de la imperiosa necesidad de una Ley de Acceso a la Información y Transparencia para vigilar los recursos públicos de Veracruz, los temas del mes polemizan sobre si los ministros de culto deben aspirar a cargos de elección popular (demos gracias a los diputados locales que nuevamente aprueban reformas como cambian de ropa interior); y también a las presiones de los grupos religiosos para enfocarse que ellos también son ciudadanos, y que, además, ven con buenos ojos la implementación de operativos como el de Tijuana y Michoacán, a sabiendas de lo mal que está Veracruz en materia de seguridad.
Si los ministros ya saben que son bien políticos, nada más que se hacen pasar por sacerdotes.
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