Pablo Jair Ortega - pablo.jair.ortega@gmail.com.- En el sexenio de Agustín Acosta Lagunes se tomó la decisión de quitarles las armas de fuego a los agentes de Tránsito. Eran de tales magnitudes la prepotencia, los escándalos, y, principalmente, las quejas ciudadanas, que el Gobierno del Estado prefirió solamente dejarles a cargo la vialidad (y la consecuente tradición de recolectar para la cuota diaria).
Hoy, a varios años de distancia, el director de Tránsito del Estado, Homero Gamboa, insiste en que es necesario armar a los agentes viales con el argumento de que es para coadyuvar a un Veracruz seguro. Incluso refiere que propondrá a través de una iniciativa en el Congreso del Estado, para que se reforme la ley y se le permita a los famosos “tamarindos” portar armas de fuego, anteponiendo que habrá exámenes psicológicos para ver si el elemento es apto o no.
En Seguridad Pública, los mandos están molestos por que se ha dado a conocer a la opinión pública el caso de los tres policías intermunicipales que fueron secuestrados en Xalapa hace una semana aproximadamente, y que, en muy lamentables etapas, fueron negándolo, luego trataron de disfrazarlo diciendo que habían sido detenidos por Policías Federales, hasta que no les quedó de otra más que admitir a regañadientes (aunque de manera no oficial todavía) que efectivamente estaban desaparecidos y que habían sido “levantados”.
La confirmación lo vino a dar la misma sociedad xalapeña, cuando el pasado lunes los elementos fueron tirados sobre la avenida Ruiz Cortines, golpeados, pero afortunadamente vivos. De haber sido detenidos por policías federales, sólo habría dos escenarios: tendrían que demandar a la Policía Federal por la tortura de estos tres uniformados estatales, o de plano admitir que todo fue una farsa y ningún elemento de las fuerzas federales o autoridad judicial de ese nivel procedió a la inventada detención.
Luego, en lugar de llevarlos a un hospital o con sus familias, las órdenes fueron llevar a los tres elementos a las instalaciones del C4 para ser interrogados. Tras conocerse los hechos, y sobre todo por los familiares que habían estado exigiendo a los mandos policiacos que respondieran por sus consanguíneos, este miércoles 24 los tres elementos de nombres Braulio Torres Rosado, Edgar Enríquez Hernández y Néstor Noé, fueron llamados al cuartel San José para notificarles que (aparte de lo sufrido y a punto de posiblemente perder la vida) serían cambiados de plaza, y serían enviados a distintos puntos del estado a trabajar en alguna de las 19 delegaciones que existen en la entidad.
No conformes con esto, la decisión --se les dijo-- fue tomada como una medida de represalia, dado a que los policías o sus familiares, según los altos mandos policiacos, estaban filtrando datos a la prensa. Finalmente, y por presión de la opinión pública (al verse expuestos como “represores”) echaron para atrás la decisión.
Era lo conducente. ¿Qué ganaba la SSP con “castigar” a sus elementos? ¿No sería adverso el mandar fuera de su núcleo familiar-laboral a estos policías? ¿No hay por el momento unas tareas más difíciles que el andar reprimiendo a los subordinados? Ahora, ¿no hubiera sido más conducente arropar a éstos luego del sufrimiento físico y psicológico al que estuvieron expuestos? A lo mejor hubieran quedados como héroes ante sus elementos, y no como villanos: de ahí depende el ganarse el respeto.
Quizás dentro de una lógica militar, no es así. La disciplina castrense exige una suma obediencia a los altos mandos, sin chistar las órdenes; de igual manera la discreción y hasta el “portarse como machitos” ante situaciones como la que acaban de vivir estos tres policías: apechugar como soldados que una experiencia tan intensa como esta, es parte del oficio.
Sólo que aquí hay una enorme diferencia: no estamos hablando de soldados. Estamos hablando de policías, personas que cumplen funciones diferentes a las del honorable Ejército; tienen rutinas diferentes, disciplina distinta. No es lo mismo que un miembro de las fuerzas armadas entrenado para una guerra, para combatir a iguales fuerzas militares, grupos armados, e inclusive ahora que está en boga usarlos para combatir a la delincuencia organizada.
Inclusive los escenarios son diferentes: los jefes militares no responden ante la presión pública, porque están acostumbrados a vivir en un mundo muy apartado. El policía estatal está en cualquier punto de la entidad y convive con todos los estratos sociales, tiene que lidiar con borrachos, pedantes, prepotentes y hasta inaguantables periodistas. El soldado está de guardia, en retenes muy específicos, obedecen a estrategias muy concretas y tienen poco tacto con la sociedad civil, a excepción de cuando se aplica el famoso plan DNIII. Precisamente en este punto, en Coatzacoalcos ya había ciudadanos que se quejaban de una especie de acoso practicado por los miembros de las fuerzas armadas, que revisaban prácticamente a todos.
El asunto entre Tránsito del Estado y Seguridad Pública, es que ambos están encabezados por jefes militares. Si bien es confiable la medida en una primera instancia por el gran prestigio que tiene el Ejército Mexicano, lo que ya empieza a manifestarse como efecto negativo de mandos con educación marcial son las disposiciones como el de armar a los agentes de Tránsito con el pretexto de ayudar a mejorar a Veracruz en su seguridad, o el de aplicar medidas represivas contra elementos que están siendo violados sus derechos humanos más fundamentales: la garantía de una vida digna, incluida la precaria situación laboral (un policía veracruzano, en promedio, ganará, a lo mucho, unos 4 mil pesos al mes).
Mucho se ha hablado de la militarización de la policía, y es un tema complejo por diversos factores: la corrupción interna en la corporación, la supuesta falta de elementos capaces para dirigir la institución, el uso deshonroso que se le da a Seguridad Pública con trabajos sucios como golpear indígenas o servir de nómina para “aviadores”, etc., pero con el amplio margen de acción que se le ha dado al Ejército en este gobierno de Felipe Calderón, ahora pareciera que algunos militares quieren acapararlo todo más allá de sus nombramientos en fuerzas locales.
Sólo bastaría recordar que México es el único país que al menos en su historia moderna superó las fatídicas dictaduras militares de Latinoamérica. Afortunadamente aquí queremos, respetamos a nuestras fuerzas armadas, que no merecerían un descrédito por el triste papel que realizan sus egresados en fuerzas policiacas estatales.
¿Qué pasaría si un policía de carrera fuese mejor secretario de Seguridad Pública? Los que tienen años en esto de la política, dicen que origina un conflicto de intereses entre el Ejército y el gobierno estatal. El problema es que mientras allá en las cúpulas hacen lo políticamente correcto, acá abajo vemos una descomposición interna como la que ocurre estos primeros minutos del viernes 26 de septiembre, donde la Policía Federal está por enfrentarse con elementos de la Agencia Federal de Investigaciones.
Que Dios, Alá, Buda, Krishna, Ganesh, todos ellos y los que me faltan, nos agarren confesados.
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