4 de diciembre de 2006

Corrupción mata periodistas

Pablo Jair Ortega - pablo.jair.ortega@gmail.com

No se concibe la idea de que estemos cerrando el 2006 con periodistas 2 muertos en Veracruz en un lapso menor a un mes. Que casi fueron tres las víctimas fatales en los últimos días con las que ya se comenzaba a voltear con ojos inquisidores de respuestas a los integrantes de las altas esferas del gobierno: ¿De qué se trata? ¿Por qué de repente están matando a periodistas?

Las reacciones inmediatas ante una inminente y creciente protesta pública de los comunicadores fueron las detenciones de los supuestos asesinos de Roberto Marcos García y Adolfo Sánchez Guzmán. Qué bueno que se tenga avance de esta naturaleza, pero que malo que haya sido el resultado tan inmediato dado a que los dos periodistas murieron en el mismo mes, con una diferencia de menos de 15 días: un escándalo para el gobierno, sobretodo cuando Sánchez Guzmán estaba entre las filas de Televisa.

Mientras tanto, los casos más conocidos internacionalmente --que son los de Raúl Gibb y Jesús Sandalio Mejía--, siguen en la penumbra. Reporteros Sin Fronteras, el organismo de defensa de periodistas con mayor prestigio en el mundo (con sede en Francia) incluso dedica un espacio en su página inicial de Internet a la desaparición de Jesús Sandalio Mejía.

Aquí en Veracruz, ni siquiera un ápice de avance en investigaciones pese a los señalamientos periodísticos en torno al contubernio entre políticos, policías y narcotraficantes que operan en la zona norte de Veracruz, mismo que Sandalio y Gibb llegaron a señalar en sus medios. En el caso del director de La Opinión de Poza Rica ya se han filtrado los nombres de quiénes podrían ser los responsables de su cobarde asesinato, pero resulta que hasta a los investigadores de la Procuraduría General de la República (que tomó el caso a raíz de que se descubriera que las usadas en el asesinato del director de La Opinión de Poza Rica eran de grueso calibre) han sido cambiados de plaza inexplicablemente.

Se subraya: qué bueno que estos últimos casos parecen resolverse favorablemente para la justicia de los periodistas; qué malo que haya sido en el marco de que la opinión pública comenzaba a cernirse sobre las autoridades de un estado que se cacarea como “seguro”.

¿Pero quién está ejecutando a periodistas?, o por lo menos ¿quién está solapando dicha cacería?, ¿quién los protege?, ¿por qué tanta facilidad para asesinar en el estado? Sencillo: la gran corrupción de Veracruz promovida por su clase política.

En la tradicional y larga fila de generaciones de políticos que han gobernado o han formado parte del sistema de gobierno en Veracruz, se ha generado un fenómeno de grupos que se reparten el poder estatal y regional de acuerdo a los tiempos: es decir, si bien en el pasado sexenio de Miguel Alemán se beneficiaron ciertos políticos del estado afines al grupo alemanista, en este periodo de Fidel Herrera ahora se notan grupos diferentes en las áreas de gobierno; aunque por lo menos desde hace unos cinco sexenios atrás son las mismas caras las que vemos siempre en los periódicos.

Bien lo decía el tuxpeño Garizurieta: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, y esa máxima se ha convertido en algo así como la piedra angular para quienes nunca salen del “servicio” público; ya sea como funcionario de gobierno o con un puesto de elección popular. Por eso no es raro que haya personajes que repitan en cada sexenio y en diferente cargo, así sea de policía, director de seguridad social, subsecretario de asuntos sin importancia, regidor en su ciudad natal, consejero jurídico, jefe de asesores, delegado, etc., con el fin de repartir la mayor cantidad de cuotas a personajes claves ya sea para la operación política, ya sea por el simple hecho de ser alguien cercano al gobernante en turno.

El problema es cuando áreas como la de seguridad se han vuelto vulnerables por el nombramiento (por causas desconocidas) de personajes que nada tiene que ver con la materia policíaca: ahí tienen a José Gabriel Pérez Gutiérrez, quien de regidor del puerto de Veracruz, pasó a ser nada más y nada menos que el jefe de la Policía Ministerial del Estado.

Pero la corrupción no ha sido sólo en la repartición de puestos: gracias a este tradicional sistema de “coloco a mis cuates en donde quiera”, no se debe olvidar ese eficiente mecanismo perpetuado por el PRI para la vulgar tranza financiera: la recolección de dinero desde el nivel más bajo del organigrama hasta lo más alto de la cúpula de gobierno, donde el agente de Tránsito tiene que “reportarse” con el jefe de Servicios, el jefe de Servicios con el delegado, el delegado con el director, el director con el subsecretario, el subsecretario con el secretario particular del secretario, y el secretario con el que manda.

Imagine algo de esa dimensión en una dependencia más propensa a actos de corrupción de colosales repercusiones, con problemas más serios y de mayores dimensiones como Seguridad Pública. No es creíble que en Veracruz entren o radiquen en el estado grupos de sicarios armados (como los que mataron al alcalde Ixtepec, Neguib Tadeo, cerca del puerto de Veracruz; o a Cirilo Vázquez Lagunes, en Acayucan) sin que un sólo policía tenga conocimiento de su presencia. Simplemente basta saber que la población civil muchas veces es la que da la alerta a los medios de comunicación de la presencia de gente extraña en sus comunidades. “Gente con camionetas de lujo y aspectos de narco”, como la mayoría de las veces se atestigua.

El hecho de que se maneje a cada momento de que a Veracruz sólo viene a delinquir gente de otros estados, es admitir entonces que hay una gran ineptitud para vigilar las carreteras, los poblados, las rancherías, y todo camino que conduzca y salga de la entidad.

Vea usted lo que pasó en Coatzacoalcos: un grupo de secuestradores toma a una conocida mujer y a sus hijos, pero como en ese momento estaban todos los mandos policíacos en la zona sur por la presencia del gobernador, los delincuentes no tuvieron otra más que abandonar a las víctimas para huir sin problemas ante la gran intimidación que realizaron las corporaciones policíacas en dicho puerto. (Sólo que al final salieron con la batea de babas oficial de que los secuestradores se habían equivocado de víctima, cuando podían haberse anotado un éxito en materia de seguridad).

Pero cómo esperar que la misma policía sea la que avise de la presencia de delincuencia organizada en su jurisdicción, cuando ella misma la protege: en el ámbito municipal, en Coatepec, en la calle Juan Soto, los policías llegaban hasta la casa de un distribuidor de droga solamente a estirar la mano por el portón. En Minatitlán, en una tienda de abarrotes que se llama “La Botica” por el rumbo de La Bomba, pasan los policías municipales con los tenderos y no precisamente a comprar Cheetos.

Ahora podemos por lo menos tener una idea de la clase de ente poderoso e impune al que se está enfrentando el gremio periodístico: uno protegido por titulares de Seguridad Pública y Ministerial que no tienen tablas como policías, con un cuerpo infiltrado por elementos desleales a su función social como protectores de la población. No por nada protestan en Minatitlán por la designación del nuevo inspector de Policía, pese a los lamentables antecesores como Ronaldo Smith y Freddy Escobar, elegidos por caprichos políticos de los gobernantes en turno, y con consecuencias lamentables como cuando Ronaldo protegió a Isabel Morales, ex síndico de Minatitlán, cuando mató a su esposo; o Freddy Escobar con comandantes como Rafael Huerta que golpean a los detenidos o que encañonan a los juniors para sacarles dinero.

De lo que sí no tenemos ni siquiera la menor idea es de la fuerza y grado de penetración al que ha llegado la delincuencia en el control de los cuerpos de Seguridad Pública en el Estado.

Ojalá no sea muy profundo y recule.

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