Pablo Jair Ortega - pablojairortegadiaz@gmail.com.- Podemos entender que existe una desesperación de familiares de los 42 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; que incluso el caso ha ido perdiendo presencia mediática a raíz de que se atravesaron las fechas decembrinas y en enero ya no regresaron con la misma fuerza.
Se entiende que la ausencia de 42 normalistas sea absurda, especialmente si es a raíz de unas órdenes del alcalde de Iguala, Guerrero, quien quería impedir que los “revoltosos” llegaran al destape de su esposa a la presidencia municipal. Familia, por cierto, vinculado con grupos delincuenciales de la región.
Y es que ha pasado mucho tiempo y no se sabe nada de ellos.
No quisiera decir lo que muchos piensan: que los normalistas ya no están entre nosotros, porque la esperanza de sus familiares (todos ellos, de origen humilde) es que todavía están secuestrados, presos en alguna cárcel o casa de seguridad. Incluso algunos dicen que se encuentran como esclavos en campos donde se siembra la amapola o la marihuana.
Y sí, es válido pensar que todavía están vivos porque hasta el momento no se han presentado cuerpos que indiquen lo contrario. Que los peritos internacionales siguen haciendo su trabajo, pero han expresado que llevará tiempo la identificación de los restos humanos que han sido encontrados en diversos puntos de la zona de conflicto.
Esto, pese a que ya hay confesiones de policías municipales y delincuentes que aseguran que los jóvenes fueron atrapados, entregados a maleantes, luego incinerados y tirados a un río, lo que recuerdan las prácticas de la Guerra Sucia de los 70, cuando tiraban cuerpos al mar.
Quizás para los guerrerenses, para algunos de ellos, esa sea la espina histórica clavada en lo más profundo del dolor. Que los militares en Guerrero son vistos como enemigos naturales de los guerrerenses, porque ahí se cometieron las peores atrocidades por parte de militares en contra de guerrilleros o disidentes del gobierno.
De esto da cuenta un trabajo de Misael Habana De Los Santos, corresponsal de La Jornada, en nota fechada el 30 de noviembre de 2003 donde entrevista al ex procurador guerrerense Eduardo López Betancourt, y quien dijo que aeronaves cargadas de personas muertas y vivas salían de la base militar de Pie de la Cuesta (al noroeste de la bahía de Acapulco) y sin misericordia los arrojaban al mar. Incluso pidió a los familiares que perdieran toda esperanza de ser encontrados los cuerpos.
Así como muchos desaparecidos que nunca regresaron a su casa, sin duda permanece en la memoria colectiva el hecho de que puede volver a ocurrir un hecho de cruel naturaleza, porque la lógica llevaría a pensar que es más fácil deshacerse de un secuestrado que mantenerlo con vida y escondido.
Por eso podemos entender las reacciones radicales de grupos que ahora hasta enfrentan al Ejército al entrar violentamente a los cuarteles.
Ojo: no se justifica atacar a las fuerzas armadas del país, pues creo que es particularmente peligroso; señales de que una represión mayor puede darse por una burda provocación, aunque los soldados hayan tolerado mucho las ganas de disparar a los manifestantes que irrumpieron en el cuartel general de la 35a Zona Militar, en Chilpancingo. Los militares, también muchos de orígenes humildes, aguantaron.
Y es que, imagínese: un muerto cocido a balazos del Ejército Mexicano y se incendia el país, aunque las acciones violentas de los invasores, en opinión de este autor, no se justifican para nada. La desesperación no debe ser pretexto para ingresar de manera violenta a un cuartel militar. A nadie conviene que se pierda la confianza en nuestras instituciones, de por sí denigradas por la guerra del Calderonismo contra el narcotráfico.
En Veracruz, muchos de los guerrerenses malos que trabajaron en la Guerra Sucia fueron traídos a Veracruz en los tiempos del gobernador Agustín Acosta Lagunes (1980-1986) por el general Mario Arturo Acosta Chaparro, a quien tuvieron que correr de su cargo como Jefe de la Policía porque sus muchachos daban ya muchos dolores de cabeza.
De acuerdo a una nota publicada en el diario El Universal, fechada el 3 de septiembre de 2000, se hizo un evento en Chilpancingo donde se conmemoró a ex guerrilleros y familiares, así como la desaparición forzada del profesor Jacob Nájera y donde destacaron los “logros” de Acosta Chaparro en los años 70.
Ahí, los manifestantes denunciaron al general Acosta Chaparro como uno de los autores materiales e intelectuales de al menos ¡285 DESAPARECIDOS! en la Guerra Sucia ocurrida en Guerrero.
Otro de los señalados era el gobernador priista Rubén Figueroa Alcocer, a quien el ex procurador guerrerense López Betancourt definió como “un hombre cruel y sanguinario”.
En esa misma información de El Universal, se mencionan a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI), y la Coordinadora Regional de Organizaciones Independientes de la Sierra de Zongolica (CROIZ), Genaro Domínguez Maldonado y Julio Atenco Vidal, respectivamente, quienes hicieron señalamientos en contra de Acosta Chaparro: “pese a sus malos antecedentes permaneció casi dos años al frente de la Dirección de Seguridad Pública del estado”.
Y es que denunciaron que el general (asesinado el 20 de abril de 2012 en el Distrito Federal) “cometió con su élite policiaca una serie de crímenes y asaltos que nunca fueron esclarecidos”; que en el periodo de gobierno de Acosta Lagunes “empezaron a surgir en la entidad una ola de asaltos, crímenes, secuestros y robo de vehículos, que no se aclararon, porque un grupo de policías que traía del estado de Guerrero, donde había estado con el gobierno de Rubén Figueroa, sembraron el terror y la zozobra, que nadie se atrevió a denunciarlos”.
Y así la fama de los malos guerrerenses, que dejaron un legado de muertes en un estado que todavía no se recupera del dolor de hace más de 40 años, y que ahora tiene 42 hijos que no aparecen por ningún lado.
Peor aún: a algunos de esos los trajeron a tierras jarochas y vaya usted a saber si se fueron o todavía andan por ahí como si nada, en un Veracruz donde el Colectivo por la Paz denuncia que no les han atendidos sus casos de desapariciones y literalmente los han dejado a su suerte.
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