Necesaria una ley antichapulín en Veracruz

Con la polémica desatada en Baja California, y llevada a escala nacional por los medios, acerca de la anulación de la candidatura del empresario promotor de casinos Jorge Hank Rhon a la gubernatura de ese estado, porque la ley local se lo impide al no terminar su periodo como alcalde de Tijuana, reflexionamos sobre la urgente necesidad de igualar a dicha constitución para detener los trampolines políticos al que están acostumbrados la mayoría de los políticos veracruzanos.

Es costumbre que, aprovechándose de los tiempos electorales, un alcalde pida permiso para contender como diputado federal, o viceversa: o los diputados locales que utilizan su respectiva legislatura para trepar en lo que ellos llaman “carrera política”, y que no es otra cosa que la costumbre de vivir como un parásito adherido al erario.

La constitución local del estado de Baja California lo establece muy claro en el artículo 42, pese a la prepotencia de Hank Rohn en negarlo y mofarse cual burgués acostumbrado a tener lo que quiera gracias a su incalculable fortuna: “No podrán ser electos Gobernador del Estado: el Secretario General de Gobierno, los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Procurador General de Justicia y los Secretarios y Directores del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos en forma definitiva, noventa días antes de la elección. Los Militares en servicio activo y los titulares de los cuerpos policíacos, no podrán ser electos Gobernador del Estado, salvo que se separen de sus cargos en forma provisional, noventa días antes de la elección”.

El párrafo que mata la aspiración de Hank Rohn: “Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Diputados locales, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos durante el período para el que fueron electos; aun cuando se separen de sus cargos; con excepción de los suplentes siempre y cuando éstos no estuvieren ejerciendo el cargo”.

Así de simple lo estipula el artículo 42 de la constitución local del estado Baja California; no confunde con tecnicismos propios de los mañosos políticos, ni lo deja la disposición de las interpretaciones subjetivas: los alcaldes no pueden ser candidatos, aunque se separen de sus cargos, porque tienen que terminar sus periodos.

Pero volviendo aquí al rancho donde la doble moral entre los gobernantes tiene fuerte arraigo (con eso de que liberan a indígenas presos con la ley de amnistía promulgada por el gobernador Fidel Herrera, pero a la vez les ponen una inspiradora madriza y los meten a la cárcel como sucedió en Ixhuatlán de Madero, en el norte de la entidad), tenemos casos increíbles de saltimbanquis que cambian de puesto como lo hacen de ropa interior: para vergüenza nacional, el diario El Universal publicó en días pasados como la legislatura de Veracruz se vio lesionada cuando casi la mitad de los diputados locales dejaron sus curules para aspirar a las alcaldías: “Con 20 diputados inexpertos y dos curules menos, el Congreso del estado analizará en los siete meses que le restan a la 60 Legislatura local iniciativas de reformas o de creación de nuevas leyes trascendentales para la vida política y social de Veracruz”.

Pidieron licencia para sus mezquinas ambiciones políticas: por el PAN, Julio Saldaña, William Charbel Kuri Ceja, Miguel Ángel Yunes Márquez, Silvia Isabel Monge Villalobos, Alfredo Valente Grajales Jiménez, Sergio Méndez Mahé, Daniel Alejandro Vázquez García, José Alfredo Osorio Medina y Francisco Fernández Morales; por Convergencia, hoy panista Cinthya Amaranta Lobato Calderón; por el PRD, Atanasio García Durán; por el PRI, Gladys Merlín Castro, Guadalupe Josephine Porras David, Marina Garay Cabada, Ricardo Calleja y Arroyo, Marcelo Montiel Montiel, Ricardo García Guzmán, Juan René Chiunti Hernández; la diputada independiente Blanca Armida Batalla Herver. Todos van por el hueso de sus respectivos municipios.

Esto ocasionó las críticas incluso de sus propios compañeros diputados que se quedaron en la legislatura para continuar los trabajos pendientes: el legislador Alejandro Montano Guzmán (a quien hay que destacarle que no ha acelerado el paso en su incipiente carrera política, y poco a poco ha ido deshaciendo de la imagen de policía), fue más explícito al expresar que “no se vale”, en el sentido incongruente de quienes usaron el Congreso como una casa de precampaña.

Por otro lado, tenemos el caso del diputado federal Robinson Uscanga Cruz, de Convergencia, quien tiene el trastabilleo en sus aspiraciones a la alcaldía de Minatitlán al momento en que su suplente fue detenido por el supuesto delito de fraude, lo que impedía al legislador pedir licencia; en estos momentos, su suplente ya se encuentra libre, y pese al tropezón, Uscanga se la va a jugar.

Para la historia tenemos el caso burlesco de José de la Torre, quien ya habituado cínicamente al presupuesto, pidió licencia como alcalde de Martínez de la Torre para ser diputado federal, y luego volvió a pedir licencia para regresar a ser alcalde.

No obstante, a la ley de Baja California se le argumenta que el artículo 42 contraviene con la carta magna de los mexicanos, y por lo cual podría recaer en inconstitucionalidad.

Según nuestras leyes, los preceptos locales no pueden contradecir contra las aspiraciones políticas que garantiza la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en el derecho de votar y ser votado. Claro, ni siquiera se le ocurra pensar en una reforma a las leyes, porque les fastidiaría la existencia a los que están trepados en el carro de la buena vida.

Ya no digamos lo nefasto que representa el estar jugando con el voto de la población, engañarles de frente ofreciéndoles de todo, para que finalmente abandonen el barco en búsqueda de otro hueso; lo peligroso en realidad son aquellos que buscan la protección del ansiado fuero constitucional, pese a que son señalados en delitos de naturaleza financiera (irregularidades, desvíos de recursos, etc.) o casos graves de homicidio como el del regidor Alfredo Pérez Juárez, de cuyo autor intelectual se le señala hoy al alcalde con licencia de Las Choapas, Renato Tronco, quien aspira a ser diputado local por ese distrito, posición que lo protegería contra cualquier intención judicial.

Hay que razonar bien el voto y darse cuenta de si vale la pena que tales personajes sean beneficiados con el triunfo en comicios; darse cuenta que es un beneficio personal-partidista más que representación popular el hecho de que tales sujetos (y sujetas, diría Fox) estén ahora de nuevo en campaña, con una sonrisa desvergonzada en las fotos.

En verdad, pregúntese al menos en el caso de los legisladores locales, ¿qué demonios hizo su diputado por su población? ¿Qué demonios hizo por usted?